El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsado por el presidente Javier Milei ha generado distintas opiniones, sobre todo por parte de organizaciones por los derechos sociales.
Es así que desde la Red Padres TEA - Militantes por los Derechos de las Personas con Discapacidad dieron a conocer su rechazo a la nueva reglamentación y señalaron los puntos en los que se verían perjudicados los pacientes, ya que alegaron que estos no podrán acceder a ciertos servicios.
Entre sus principales preocupaciones están:
La solicitud de derogación del sistema de geolocalización. Según señalaron, la resolución de la Superintendencia de Salud del 8/12/2023 “establece la implementación de una plataforma de gestión integral y un aplicativo de registración, geolocalización y validación de prestaciones. La aplicación de la norma y sus anexos podría convertirse en una importante barrera de acceso a la salud para las personas con discapacidad”.
La derogación de la Ley N° 27.113 - Laboratorios Producción Pública Medicamentos, cuya norma establecía de “interés nacional y estratégico la actividad de los laboratorios de producción pública dedicados a la investigación y producción de medicamentos, materias primas, vacunas, insumos y productos médicos”.
La Red también señaló que el proyecto de Ley Ómnibus plantea el “retroceso en materia de salud mental” del proyecto de ley, al modificar los artículos principales de la Ley N° 26.657.
Cerraron su extenso comunicado señalando que “200.000 personas con discapacidad pueden quedarse sin servicios básicos que mejoran y sostienen su calidad de vida. Más de 150.000 trabajadores pueden quedarse sin trabajo en un contexto de inflación y crisis”.